Provinciales
Publicado mayo 10, 2022 por Infobonaerense - 61 visitas
El Gobierno bonaerense publicó seis nuevas normas hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno bonaerense promulgó este martes seis nuevas leyes sancionadas por la Legislatura, entre las que se encuentran la adhesión a los beneficios que establece la Ley Nacional N° 27.424 sobre energía renovable en la red pública y la ley de “Derecho a la identidad de origen”.
Entre las normas publicadas hoy en el Boletín Oficial también está la declaración del 12 de junio como “Día Provincial contra el Trabajo Infantil”. Además, hay una ley vinculada a la suspensión de desalojos en predios de Berazategui y dos expropiaciones en concepto de utilidad pública en Florencio Varela y Luján.
A través de la ley bonaerense Nº 15.325, promulgada hoy, Provincia adhirió a “los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento establecidos en la Ley Nacional N° 27.424, que establece el ‘Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública´”.
La normativa, declara “de Interés Provincial la generación distribuida de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables, para autoconsumo y la eventual inyección del excedente a la red eléctrica de distribución provincia” y establece que el Ejecutivo, a través del Banco Provincia, promoverá líneas de créditos para impulsar al sector.
Asimismo, en su artículo 4 establece que “los usuarios generadores estarán exentos por el término de doce (12) años a contar desde la reglamentación, prorrogables por igual término, en tanto se mantenga vigente el Régimen de Fomento, del pago” de una serie de impuestos.
Por otro lado, también fue promulgada la ley provincial 15.329 que “tiene por objeto garantizar en la provincia de Buenos Aires el derecho de toda persona humana a la búsqueda de su identidad de origen”.
La normativa entiende como identidad de origen “al conjunto de datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana”.
Entre otras cosas, establece que “los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas” en determinados casos, mientras que también dispone la cobertura total o parcial del el Instituto de Obra Medica Asistencial (IOMA) y las obras sociales provinciales.
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